Ni mucho menos, pedido responsabilidades a ninguna de las organizaciones implicadas en la represión, de la que hicieron un negocio, como la Iglesia Católica o las empresas que explotaron a centenares de miles de presos hasta la muerte con los trabajos forzados; ni tan siquiera se obligó a los asesinos a devolver lo que robaron a sus víctimas. Es necesario recordar que muchos de los implicados en aquel régimen genocida, en unos casos, o sus descendientes en otros, ocupan altos cargos en el estado, la política, las finanzas, la industria, la justicia, la cultura, los bancos, la prensa... Tomás Pellicer, compañero de varios de los asesinados, nos acerca con este relato, al terror en el que se vivió durante las últimas bocanadas del Franquismo.

Agosto. 1975.

Miércoles 27. Carlos ha encontrado un lugar donde quedarme unos días. Es una pequeña guardilla, próxima a la Plaza del Carmen. Una compañera suya de Bellas Artes, pintora bohemia y simpatizante, me aloja. Estoy en un pequeño apartamento destartalado, con un salón del escaso ancho de la fachada, con una colchoneta en el suelo, cubierta con una tela, donde intentaré dormir algo, una habitación, una cocina y un aseo, todo ello minúsculo. Todavía guardo en el estomago la desazón de los dos días pasados. A pesar de haber escapado y estar en un lugar aparentemente seguro, no consigo huir de la realidad clandestina.

Sábado 30. No he salido de la casa. Carla, así se llama mi benefactora, me consigue la prensa. Trae tiras del Levante y Las Provincias. Hojas sueltas y recortes que debe arrancar de la prensa expuesta en los bares. Ella tiene poco dinero y yo nada. No hay radio ni televisión. Hoy viene la resolución del consejo de guerra de Burgos: pena de muerte para Garmedía y Otaegui. Se suman a las cinco peticiones de muerte de los nuestros.

Domingo 31. He salido de la casa para acudir a la cita de seguridad con Carlos. Anduve un buen trecho encogido, cabizbajo pensando que todo el mundo me miraba. Los sentía a todos pendientes de mí. Llegué temblando a la cita. Carlos estaba con otro camarada, Vladi, recién llegado de Madrid. Vladi lleva el pelo teñido con agua oxigenada y tiene así un extraño aspecto. Va a ser nuestro responsable. Llevaba una mariconera en la mano, con una Star del nueve corto, nueva. Nos ha dicho que la ofensiva de la dictadura ha cesado y que vamos a formar un nuevo grupo los tres. Hay que seguir golpeando. A Carla no le ha gustado nada que saliera de casa. Me ha hecho preguntas de si me había visto alguien salir o entrar.

Septiembre. 1975.

Martes 2. Hoy trae la prensa nuevas detenciones en Madrid, con sus fotos. Los camaradas aparecen demacrados, sucios y despeinados. Dan la impresión de ser mala gente, y tan sólo son jóvenes universitarios con ideales revolucionarios. Es el efecto que pretende causar la dictadura con todos nosotros. Les acusan de dar muerte al teniente de la guardia civil. Van a pedir más penas de muerte, estoy seguro. Si a Blanco Chivite, Pablo, Baena, Vladimiro y Sierra les han pedido pena de muerte, a éstos, seguro que será lo mismo. Si han publicado hoy la noticia, quiere decir que llevan varios días detenidos. No quiero pensar lo que deben haber pasado.

Miércoles 3. Carla parece más tranquila, a pesar de las alarmantes noticias. Hemos charlado un buen rato esta noche. He tratado de explicarle la razón de nuestras acciones, los porqués de unos jóvenes estudiantes universitarios –creo que la mayoría lo somos- implicados en la lucha armada revolucionaria. A esta sangrienta dictadura hay que derribarla con sus mismas armas.

Viernes 5. Hoy, 36 detenciones en Madrid. Más fotos de camaradas desangrados, tres mujeres esta vez. Hay una foto con el material del aparato de propaganda que ha caído, con un retrato de Marx presidiendo el escaparate que montan. Para que quede claro que los detenidos eran marxistas y que no merecen otra cosa que la muerte. Debajo de sus fotos hay una escopeta recortada, con sus correspondientes cartuchos. No sé cómo decirle a Carla que tengo que salir esta tarde. A las nueve tengo cita de seguridad con Carlos. Él está tranquilo, no he conocido a nadie más tranquilo. Aparte de que será su forma de ser, no está identificado por la policía y no lo buscan. No como a mí.

Lunes 8. Han detenido a mis hermanos. Y a muchos más en Valencia, cuento hasta catorce en la nota de prensa. Al pequeño le acusan de pertenecer al grupo armado y participar en las acciones, al menos en cinco. Al otro le acusan de ser el responsable de la FUDE en la Facultad de Medicina y dan los nombres, también detenidos, de compañeros y compañeras que conozco, de la facultad. Y dos células en Burjassot, y a Enrique mi amigo de la infancia. Ya nada ni nadie está seguro. Cierro las ventanas cuando no está Carla –la mayor parte del tiempo- y me paso las horas escudriñando la calle, un agradable rincón que forma la calle de la Cruz, atento al paso de los transeúntes, a sus provisionales paradas. He encontrado una huida por los tejados, en el hueco de la escalera, una claraboya a la que accedo fácilmente subido a una silla.

Jueves 11. Hoy comienza el consejo de guerra en El Goloso. Lo preside un coronel y el fiscal militar pide pena de muerte para los cinco. He leído las conclusiones de éste, publicadas en prensa. Es como retroceder en el tiempo, al año 1940, a los consejos de guerra impuestos a los derrotados republicanos. A Blanco Chivite lo quieren fusilar por ser “secretario provincial” del partido, a Vladimiro por ser “el responsable” del grupo, aunque el mismo militar acusador reconoce que no estuvo en la acción, a Fernando Sierra por robar el coche, a Baena lo acusan de ser el ejecutor y a Mayoral de “esgrimir” una navaja. Sin más pruebas que las declaraciones de la policía. Con la sinrazón procesal de un consejo de guerra militar.

Viernes 12. Tres penas de muerte. Para Blanco, Baena y Vladimiro. Se salvan Mayoral, treinta años, y Sierra, 25 años. En menos de 24 horas, el tribunal ha sentenciado. Una farsa sin posible defensa. Blanco tiene 30 años, es licenciado en periodismo; Baena, 25 años, estudiante de Filosofía; Vladimiro 23 años, es agricultor; Mayoral, 24 años, técnico profesional; Sierra, 19 años, estudiante de Historia.

Sábado 13. A Rafa lo han pasado a la jurisdicción militar. Consejo de guerra en Valencia para él, Garés y Panisello. Y para mí, si me cogen. Hoy he tenido cita con el grupo. Han decido pararlo todo. No vamos a hacer nada. Carlos va a militar en la organización regular, para tratar de agrupar lo que haya quedado. Yo debo permanecer oculto. Me están buscando un lugar más seguro. Carla se ha habituado a mi presencia y se la ve tranquila. Hemos hablado sobre mi estancia y decidido que yo salga un poco, a hacer compras. Dará una sensación más natural a los vecinos, que saben que estoy en su casa.

Miércoles 17. Consejo de guerra sumarísimo en El Goloso. Piden cinco penas de muerte. Han aplicado la ley de “prevención del terrorismo” que conduce a los reos a un consejo de guerra inmediato, sin garantías procesales, que debe resolver la sentencia de forma inmediata. El fiscal cuenta con cuatro horas para presentar sus conclusiones, el abogado defensor de otras cuatro para preparar la defensa. Seguidamente se celebra la vista de forma inmediata y se dicta la sentencia, tras la cual, el defensor cuenta con dos horas para presentar alegaciones. En menos de un día lo tienen resuelto. Para las ejecuciones, el Gobierno debe darse por enterado.

Jueves 18. Otras cinco penas de muerte en el consejo de guerra de El Goloso. Leo del Informaciones. Para empezar son expulsados de la sala la primera tanda de abogados defensores. Son sustituidos por suplentes, que de forma inmediata son también expulsados. Nombran defensores de oficio a comandantes militares. En 15 minutos se leyó el apuntamiento. Los camaradas negaron los hechos y se reconocieron militantes del FRAP. El juicio comenzó a las cuatro y media de la tarde y terminó a las nueve de la noche, contando las expulsiones de los abogados y dos horas y media de descanso. ¿Dos horas para juzgar la vida de cinco personas? Sin testigos ni pruebas periciales. Otra farsa de juicio. Al momento dictaron las sentencias: pena de muerte para Sánchez-Bravo, Cañaveras, Ramón García, Concha y Mª Jesús. Suman ya diez las penas de muerte.

Sábado 20. Ayer se celebró el consejo de guerra en Barcelona contra Juan Paredes, “Txiqui”. Otra pena de muerte más. Suman once. La preocupación, el debate de la prensa fascista, es si van a ser ejecutados por garrote o fusilados. Los militares deciden. Debe darse por enterado el consejo de ministros.

Jueves 25. Hoy es mi última noche en esta casa. He esperado en vano a Carla. Siento marcharme, le he tomado aprecio y con la rutina, las mismas cosas siempre, he apaciguado la zozobra. Otra vez empezar de nuevo acrecienta mi ansiedad.

Viernes 26. Han fallado a la cita. No ha aparecido nadie. He esperado lo justo y me he marchado. Estoy otra vez en casa de Carla. He roto la nota que le había dejado y estoy confuso. Tengo una cita de paso, una antigua cita que conoce alguna gente, pero he decidido no acudir. Es imposible que Carlos haya caído, tiene ese algo afortunado por donde todo resbala a su favor. Esperaré lo que sea aquí, que nunca será peor que lo que les espera a los camaradas. Franco va a fusilar a cinco. Ha indultado al resto.

Dejo pasar las horas, sin apenas pensar en nada. No consigo ponerme en su lugar, ni siquiera imaginar lo que pasa por sus cabezas en este momento, sabiendo que van a encontrar la muerte en breves horas. No es a mí a quien van a matar al alba y el deseo de vivir se antepone absolutamente a cualquier consideración.

Sábado 27. Carla me despierta al mediodía. Lleva el Informaciones desplegado sobre su pecho: “Fusilados esta mañana”

Yo escapé.

Algún tiempo después conocí a Victoria Sánchez-Bravo Solla, la hermana de José Luis. Estuve junto e ella, sentados ambos en sendas banquetas altas de una cafetería. Ella tenía sobre sus rodillas un pequeño bolso forrado de cuentas de plástico, que desojaba de forma inconsciente mientras recordaba ese día, el 27 de septiembre de 1975. Ella asistió a los fusilamientos de los del FRAP, junto con el abogado Fernando Salas y el padre de José Humberto Baena Alonso. El otro fusilado, Ramón García Sanz, no tenía familia. Todos ellos esperaron en la ermita que domina el alto del campo de tiro de Matalagraja, en Hoyo de Manzanares, separados unos metros de un grupo de mandos militares y de guardias civiles. Salas se acercaba de cuando en cuando a los militares para obtener noticias: -Ahora va Baena- le dijeron por fin. A las nueve y veinte escucharon la primera descarga. Veinte minutos después, la de Ramón García y a las diez en punto, escucharon la descarga que asesinó a su hermano José Luis. Aún tuvieron que esperar un buen rato, desolados en la capilla, hasta que llegó el Land Rover de la guardia civil, con los cuerpos en su trasera. Enfundados en sacos de plástico negro, echados unos encima de otros, sobre un charco de sangre. Ella sobrecogida tuvo que identificar el cadáver sin rostro de su hermano. Diez balas del calibre 7.62, del fusil ametrallador Cetme, en la cara y a corta distancia, deshicieron su cabeza. Ella identificó el cuerpo que le dijeron que era el de José Luis, y me confesó que siempre viviría con la duda de si los restos que ella cree enterrados en su tumba del cementerio de Murcia, son los suyos.

La okupación ha pasado de ser una práctica identificada con formas e ideologías políticas muy concretas a ser adoptada como herramienta de acción política y social por activistas de lo más heterogéneo. Ambas formas de entender la okupación conviven en la península, una convivencia plagada, a veces, de desencuentros. Desde Can Masdeu, en Barcelona, reconocen que la coexistencia entre diferentes formas de entender la okupación genera conflictos: “Y no es necesariamente malo, aunque es verdad que se paga un precio, como, por ejemplo, la dificultad para articular respuestas o iniciativas unitarias”. De hecho, se preguntan: “¿Es la okupación un movimiento? ¿Es importante que lo sea? ¿Hemos sabido reinventarnos?”. “Es que no hay una o dos formas de entender la okupación; son infinitas, tantas como proyectos. Y ésa es la fuerza del movimiento, que no existe una única fórmula”, comenta Richard, del Patio Maravillas de Madrid. “La proclama de ‘10, 100, 1.000 centros sociales’ tiene una dimensión cualitativa; espacios diferentes, con procesos diferentes”.

En el Patio el debate lleva meses abierto tras la propuesta realizada al Ayuntamiento para la expropiación del edificio que okupan. Álvaro, desde Can Masdeu, relata su experiencia: “Por ahora más que ser legales o ilegales nos atrae el concepto de ser ‘alegales’, es decir, no tener que estar permanentemente en la incertidumbre de un desalojo o un proceso judicial, pero tampoco entrar en un tortuoso camino de negociación y menos de institucionalización. Y la ‘alegalidad’ se gana con apoyo amplio y visibilidad”. Un debate al que Richard no ve demasiado sentido: “Considero que el debate ‘negociación sí o no’ es estéril, al igual que el debate sobre el uso de la violencia: depende de cómo, cuándo y por qué. La ‘negociación’ es una herramienta más y debe evaluarse su uso en situaciones concretas”.

Este conflicto “generacional” sí es evidente en el fanzine Okupación, más que 4 paredes, editado por Distri Maligna y cuyos autores se identifican como participantes en diversos espacios okupados: “Una corriente autodenominada ‘movimiento okupa de segunda generación’, de tendencia reformista, ciudadanista y cuyo único fin es pactar con las instituciones para conseguir de forma gratuita un espacio, hace años que trata de reivindicarse como la evolución del movimiento okupa, etiquetando a lxs que no son como ellxs: ‘okupas de primera generación’”.

Los límites del diálogo

Okupar supone para algunos proyectos un asunto eminentemente logístico, donde dar cabida a otras iniciativas, mientras que para otros es mucho más que la liberación de un espacio. El asamblearismo, la autogestión y la autonomía son también rasgos comunes que todos se arrogan aunque se desarrollen con diferente éxito. Y mientras hay proyectos que sí pueden sobrevivir en otros espacios y de otras formas, para otros la normalización es su muerte. ¿Dónde está la frontera que no debe cruzarse a la hora de hablar con las instituciones o la propiedad? Uno de los textos de referencia en este debate es Contra la legalización de los espacios okupados, realizado por activistas del El Passo Occupato de Turín en 1994: “A nosotros nos parece que las distintas okupaciones (...) no deben buscar los favores de los partidos ni la asimilación por las leyes, pues esto no conlleva más que la legitimación del poder parainstitucional que nada tiene que ver con la autogestión y su desarrollo”. Para Brutus, de la Casika de Móstoles, “el primer objetivo es disponer de un espacio, y el diálogo con las instituciones es otra forma más de conseguirlo siempre que no se pierdan las motivaciones que llevan a okupar”. Sin embargo, Brutus aclara que ésta no es la opinión mayoritaria en la Casika. Sobre los límites del diálogo, Álvaro considera que a veces se produce cierta asimetría: “¿Cabe preguntarse qué límites puede poner un CSO en sus acciones de resistencia? ¿Cabe, por tanto, la pregunta sobre los límites al diálogo?”. Respecto a las cosas que tener en cuenta a la hora de sentarse a hablar, Álvaro nos comenta: “A la hora de negociar creemos importante analizar el proceso propio dentro de un contexto más grande que simplemente la supervivencia del proyecto o la coherencia con un ideario preexistente. Esto puede dar argumentos en cualquier dirección, pero, en general, en el grupo [Can Masdeu] se tiende a rechazar esta opción en cualquier caso”.

La conversación nos lleva a buscar experiencias fuera de las fronteras del Estado. “Aquí tenemos un déficit impresionante de cultura democrática. Seguimos entendiendo a la clase política como algo que miramos desde abajo, no de igual a igual, y eso condiciona nuestras relaciones con ella”, comenta Richard para DIAGONAL, que tiene muy claro en qué no quiere que se transforme el Patio Maravillas: “No queremos convertirnos en proveedores de servicios para el Ayuntamiento, sino gestionarlos para, desde ahí, construir contrapoder. Conservar el espacio y asegurar que su permanencia tiene como objeto el seguir dando caña”. Ése es el riesgo que vislumbraban desde El Passo años atrás: “En pocas palabras, el poder se rebaja a pactar la existencia de cuatro muros sólo si de aquellos no surgen acciones contrarias al statu quo; por tanto, bienvenidos sean los servicios gratuitos y voluntarios que cubren las lagunas asistenciales del Estado, bienvenidas sean las obras sociales que, por una parte, legitiman la existencia de los CSO de cara a la gente y, por otra parte, legitiman al poder que las tolera”.

Responsabilidades

Pero son muchas más las dudas que surgen al observar determinadas experiencias en Europa. Desde Can Masdeu, Álvaro se pregunta: “¿Ha sido la legalización lo que ha dado al traste con la okupación como acción política colectiva en algunos países? ¿Qué influencia ha tenido el ciclo histórico de desmovilización social, la incapacidad para reinventarse y regenerarse, el ciclo natural de cualquier movimiento? ¿Es la legalización y extensión de la okupación hacia espacios despolitizados un fracaso?”.

“Aquí no parece atisbarse una legalización de la okupación y no está claro que sea deseable. Sí, quizás, una despenalización”, comentan desde Can Masdeu. Estar fuera de la ley no es la situación ideal, pero la normalización de los proyectos con la intervención de las instituciones, culpables de las situaciones que se intentan combatir, tampoco parece, a priori, la mejor de las soluciones. “La responsabilidad de quienes buscan un diálogo no necesario con el poder se amplía aún más por el hecho de que este sector se presenta como un grupo compacto que ha indicado una línea rigurosamente aceptada por todos sus afiliados”, concluían los activistas de El Passo en 1994. Un debate que genera tantas posturas como proyectos.

OFICINA PER L’OKUPACIÓ: “NEGOCIAR ES ACEPTAR LA DERROTA SIN LUCHAR”

DIAGONAL: ¿Cuáles son los límites que un CSOA debería ponerse a la hora de dialogar con las instituciones?

OFICINA PER L’OKUPACIÓ DE BARCELONA: La okupación es un medio, nunca un fin. Pensar en dar un marco legal a una situación que conscientemente subvierte la legalidad significa pretender por derecho aquello que ya se ha conseguido de hecho. Si concebimos la práctica de la okupación como una acción contraria a la existencia de la propiedad privada (pilar del capitalismo, del Estado y del patriarcado), entonces no admitimos ningún tipo de negociación; eso supondría aceptar las reglas del juego, la legalidad vigente impuesta para que pueda funcionar la dictadura de la minoría que ostenta el poder, y eso sería aceptar la derrota sin luchar.

D.: ¿Son estos desencuentros en las posiciones fruto de la convivencia de proyectos de okupación entendidos de formas diferentes?

O.O.B.: El ‘desencuentro’ pertenece más bien al terreno de la práctica, hay posiciones que son, a pesar de los esfuerzos, irreconciliables, por lo tanto la convivencia existe a nivel personal, no político.

D.: Teniendo en cuenta la situación en otros países de Europa, ¿hacia dónde creéis que empujarán las tendencias en el Estado español?

O.O.B.: Es difícil saberlo; depende del lugar y los colectivos que actúen en él general preferimos pensar en esta cuestión con optimismo, a pesar de que la realidad a veces nos impone otra visión. De todas maneras si Grecia o Euskal Herria están en el continente, el fantasma de la despolitización de la okupación aún no recorre toda Europa.

D.: ¿Qué consecuencias están teniendo este tipo de enfrentamientos en el movimiento en Barcelona?

O.O.B.: A nuestro modo de ver, el movimiento en Barcelona no atraviesa una etapa demasiado positiva en el sentido de la cohesión interna, tan necesaria para considerarnos un ente colectivo, y este estado general es, en parte, debido a esa brecha que se abrió hace algún tiempo. La consecuencia que quizás es más positiva es que determinados proyectos que han optado por la vía institucional se han quedado prácticamente solos, en lo que a apoyo por parte de los movimientos sociales anticapitalistas se refiere, y se apoyan en colectivos integrados o recuperados por el Ayuntamiento para su gran proyecto de ciudad- mercancía con tintes ‘alternativos’, con lo que su GRÀCIA. Manifestación posición ha quedado clara.

::Fuente: Diagonal

Uno de los dulces placeres de la vida es viajar. Gracias a la creciente cantidad de vuelos a bajo coste, los viajes al extranjero ya no son un lujo reservado para los pocos privilegiados. Al mismo tiempo, sin embargo, hay un alarmante aumento en la demanda de datos personales de los turistas y no existe un marco legal transatlántico sobre el intercambio de datos personales. Aunque terceras partes como aerolíneas y operadores de aeropuertos tienen derecho a leer esos datos, no sabemos lo que pasa con ellos posteriormente.

Bajo legislación introducida después de los ataques del 11 de septiembre, EE.UU: ha reforzado las medidas de seguridad para turistas extranjeros que entran a su país. La última medida requiere que hasta 2012, cada viajante que entre a EE.UU. como parte de un programa de exención de visa tiene que tener un pasaporte biométrico o se verá forzado a solicitar una visa.

El pasaporte biométrico – que incorpora un chip electrónico con datos personales, imágenes faciales y huellas digitales – está en camino de convertirse en un requisito previo global para viajes. Hasta entonces los actuales pasaportes seguirán siendo válidos para viajes a la mayoría de los países. Alemania, Francia y Holanda ya han comenzado a emitir los nuevos documentos. Los parlamentarios de la UE accedieron a la demanda de EE.UU. y aprobaron una decisión a fines de 2005 que dice que su objetivo es combatir la inmigración ilegal, el terrorismo y el crimen organizado. Pero la excusa de que los nuevos pasaportes ayudarán a impedir el terrorismo internacional es cuestionable ya que ante todo los agentes de seguridad tendrán que saber qué cara o huellas digitales buscan.

Inicialmente, Washington fijó un plazo hasta 2006 para los 27 países en la UE y otros países exentos de visa como Noruega, Islandia y Suiza, pero luego extendió la fecha hasta junio de este año para dar a esos países más tiempo para preparar la tecnología necesaria para emitir los pasaportes biométricos. El Departamento de Estado de EE.UU. comenzó a introducir pasaportes-e en 2006 y se proyecta que todo dueño de un pasaporte en EE.UU. tenga uno hasta 2017.

Mientras tanto, hay poco entusiasmo para estos nuevos requerimientos. Protectores de datos y activistas por los derechos humanos argumentan que esta regulación trata a cualquiera como un criminal en potencia, violando así la protección de los datos personales de los ciudadanos e imponiendo un estado de constante vigilancia.

Peter Hustinx, Supervisor Europeo de Protección de Datos, dijo en una conferencia de prensa sobre la implementación de pasaportes biométricos en 2007 que las medidas de seguridad orientadas a prevenir el terrorismo son aumentadas frecuentemente a costa de la privacidad. Hustinx está a cargo de asesorar a los gobiernos y a los organismos de la UE respecto a estándares de seguridad de datos y actúa independientemente de las instituciones de la UE. Advirtió que la UE se “precipita hacia una nueva era” de uso de identificadores biométricos para controles de seguridad mientras que los estándares para la protección de datos aún no están claros.

“Es muy importante que los datos biométricos sean sólo conservados en el pasaporte y no en bases de datos externas. Hasta ahora no hay regulaciones internacionales que lo garanticen,” dijo Peter Schaar, Comisionado Federal Alemán para Protección de Datos, en una conferencia sobre protección de datos realizada en marzo de este año en Berlín.

En 2005 cuando se publicó esa decisión, no tuvo lugar un intenso debate político en Alemania, pero hubo algunas voces de disenso. El periódico de izquierdas Die Tageszeitung publicó un artículo diciendo que desde el 11-S la seguridad interior había ganado más importancia que la protección de los derechos fundamentales del ciudadano. Además, expertos en seguridad han advertido ante el peligro y la facilidad con la que hackers y agencias estatales podrían abusar de los registros de datos y de la información personal delicada que rastrean.

En los hechos, el pasaporte-e, que supuestamente debe proteger a los Estados contra ataques terroristas, no es en nada seguro. En 2006 en la conferencia de seguridad Black Hat realizada en Las Vegas, Lukas Grunwald, consultor en seguridad informática alemán, demostró que los datos en los chips son fáciles de copiar. Demostró que se podría portar un pasaporte con su verdadero nombre y foto impresos en las páginas, pero con un chip con información diferente clonada del pasaporte de algún otro. Sin embargo, esto podría ser fácilmente evitado si el funcionario de seguridad examina el pasaporte para asegurar que el nombre y la foto impresos corresponden a los datos leídos del chip.

Aún más inquietante para los activistas y los protectores de datos, la Unión Europea está a punto de iniciar conversaciones con EE.UU. para darle acceso a los datos bancarios. El plan podría ir más allá de un acuerdo existente con la UE que permite que las líneas aéreas transatlánticas transfieran datos de tarjetas de crédito, direcciones de correo electrónico, pasaportes, itinerarios de viaje y otros pertenecientes a pasajeros europeos a funcionarios de EE.UU. EE.UU. ya ha estado examinando transacciones manejadas por la Sociedad para las Comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales (SWIFT) desde el 11-S. SWIFT, que está basada en Bélgica, planea transferir sus servidores y base de datos de EE.UU. a Europa. Ya que las leyes de privacidad de datos son mucho más estrictas en Europa, EE.UU. necesitaría entonces permiso de la UE antes de poder obtener acceso a esa delicada información.

La protección de la privacidad y de los datos personales de un ciudadano es vital para toda sociedad democrática, y debería ser respetada tanto como la libertad de expresión o de movimiento. Algunos funcionarios en EE.UU. y en la UE, harían bien en volver a leer el Artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que dice lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines determinados y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente.”

En la busca paranoica de más seguridad, a menudo se sacrifica la libertad y la privacidad. Todos somos vigilados por el “Gran Hermano,” ¿pero quién vigila al “Gran Hermano”?

© 2009 The Women’s International Perspective All rights reserved.
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

::Fuente Rebelión
:: Artículo original: http://www.alternet.org/story/142239/

Vera von Kreutzbruck nació en Argentina. Comenzó su carrera en periodismo en el periódico en idioma inglés Buenos Aires Herald. Después de una beca en Alemania hace tres años, decidió establecerse en Berlín. Actualmente trabaja como periodista independiente y colabora con medios en Europa y Latinoamérica. Sus artículos se concentran en noticias internacionales y cultura en Alemania y la Unión Europea.

RFID en pasaportes USA es vulnerable: Construyen un dispositivo de 250 $ para clonar la identidad de pasaportes

Utilizando un sistema con componentes de bajo costo, de tan solo US$ 250, el experto en seguridad informática Chris Paget ha creado una plataforma móvil que puede clonar grandes números de identificadores electrónicos que son usados en los pasaportes de EEUU y que usarán en la próxima generación de licencias de conducir.

El sistema que el investigador Chris Paget ha construído en su tiempo libre puede ser operado desde un vehículo y contiene todo lo necesario para captar y luego clonar tags RFID. Durante una reciente prueba en la que Paget condujo su automóvil por 20 minutos en el centro de San Francisco, pudo copiar con éxito dos tags RFID de dos pasaportes sin el conocimiento de sus propietarios.

El dispositivo construido por Page consiste en un lector de RFID Symbol XR400 manufacturado por Motorola, una antena Motorola AN400 montada tras la puerta derecha de la parte trasera de un Volvo XC90. Un portatil Dell 710m conectado al lector RFID y que corre sobre el sistema operativo Windows. La mayoria de estos elementos fueron comprados a través de eBay.

Las etiquetas RFID a las que se accede con este dispositivo no almacenan informacion personal, pero si aportan un indentificador personal único que apunta a un registo de con datos personales en la base de datos del Departamento de Seguridad de Fronteras. A causa de ello la American Civil Liberties Union y o otras organizaciones han puesto el grito en el cielo ante lo que consideran una vulneracion del derecho a la privacidad de los datos de caracter personal. Clonar este identificador electrónico único es el primer paso para la creación de pasaportes falsos suplantando identidades reales. Estas tarjetas electrónicas almacenan también diversas licencias que podrian ser utilizadas a terceras personas para la vida en clandestinidad.

Se puede ver en este video: